Emiliano Carrillo Carrasco
EL CICLO DESHUMANIZADO: EL PADRE CREA, EL HIJO HEREDA, EL NIETO DESTRUYE: Un modelo neoliberal que ha empobrecido y ha acrecentado la desigualdad social, ante un estado inmerso al comercio y a la macroeconomía. “Los problemas no son eternos, siempre tienen solución, lo único que no se resuelve es la muerte. No permitas que nadie te insulte, te humille o te baje la autoestima. Los gritos son el arma de los cobardes, de los que no tienen la razón. Siempre encontraremos gente que te quiere culpar de sus fracasos, y cada quien tiene lo que se merece.” WILLIAM SHAKESPEARE
La justicia social como un medio de romper las desigualdades sociales de un pueblo que históricamente ha luchado a romper estos esquemas de poder, y ante el nacimiento de una primer a constitución social en 1917 que expresa el espíritu de su pueblo ante un congreso constituyente de 1916 , que plasmo este sentimiento de una nación mexicana: Justicia social. Tres elementos que dañan al estado mexicano: la corrupción, la desigualdad social y la inseguridad.- ente situaciones de eficacia y honestidad de nuestras autoridades, instituciones y nuestra clase gobernante: Una realidad la inseguridad y delincuencia. “nada hay científicamente más torpe que querer transformar la realidad al margen de la realidad misma. Él conjunto de estas normas jurídicas constituye el orden jurídico; titular de este orden social la sociedad reencontremos mecanismos necesarios para el bienestar social. La sociedad esta abrumada ante esta crisis económica, la pérdida de la calidad de vida y el poder adquisitivo de la población a la baja, ante una visión de los gobernantes de otro país. “Los mexicanos estamos cansados de tener miedo” y exige a “las autoridades” no escudarse en encuestas y “dejar de tomarse fotografías en las reuniones”. ¿Las fotos deben reservarse sólo para el afamado trío? Estimulado como es desde el poder institucional y también desde los fácticos
La historia es repetida por el sonorense Manlio Fabio Beltrones, de otra manera. Él, como diputado, aseguró la lealtad de quienes votaron por la desnacionalización energética y el fin del régimen posrevolucionario, dirigido por los sonorenses Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Ese Fabio a quien Mario Aburto, supuesto asesino de Luis Donaldo Colosio, acusa de estar presente cuando fue torturado. ¿Qué secretos guarda Beltrones al respecto? ¿Su silencio es su seguro de protección y de garantía para su carrera política? La credibilidad de uno y otro es la misma.
Ante todo, la trascendencia de la reforma radica en el hecho de que culmina el proceso de desmantelamiento y reprivatización energética iniciado por Miguel de la Madrid en la petroquímica estatal (de los 70 productos considerados básicos y de producción exclusiva de Pemex, en 1986 suprimió 40 al convertirlos en secundarios y ceder su oferta a las empresas privadas; en 1989, Carlos Salinas de Gortari los redujo a 19; y, en 1992, a nueve; en 1996, Ernesto Zedillo decretó la venta de 61 plantas petroquímicas y abrió completamente el sector al capital privado, local y foráneo). Lo anterior amparado en las políticas ortodoxas de estabilización –que recortan el gasto público, castigan la inversión energética y amplían el saqueo fiscal de Pemex y la CFE– y de ajuste estructural –privatizaciones, reestructuración estatal, etcétera–, tendientes a sustituir el Estado intervencionista o “populista” por el Estado mínimo, cuya principal responsabilidad es garantizar el funcionamiento del “mercado libre” y la acumulación privada de capital, de acuerdo con los programas del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Consenso de Washington.
Con Felipe Calderón, el ímpetu reprivatizador y tras nacionalizador alcanzó niveles inconcebibles. El panista dividió las aguas territoriales en 239 bloques con el objeto de impulsar su exploración, explotación y licitación, bajo el esquema de “alianzas estratégicas con empresas privadas”, según el especialista Fabio Barbosa. Con el cambio a la ley energética de 2008, legalizó la concesión de bloques en el Golfo de México, cuya extensión media equivaldría a la extensión de estados como Tlaxcala o Colima, tal y como sucede con la Cuenca de Burgos (donde participan empresas como Repsol; Petrobras; Teikoku Oil; la mexicana D&S Petroleum, del Grupo Diavaz; la argentina Techint y su subsidiaria Tecpetrol; la mexicana Industrial Perforadora de Campeche) y Chicontepec, regenteada esta última región por Dowell Schlumberger, Weatherford, Chedroin Holding, Petrofac Facilities, ICA Flúor Daniel o Halliburton, en sustitución de Pemex, y cuyos resultados han sido fraudulentamente onerosos.
Mientras sus servicios eran pagados, la paraestatal perdía unos 2.4 mil millones de pesos semestralmente hacia 2008, según Francisco Garaicochea, del Grupo de Ingenieros Pemex-Constitución de 1917. Además, se acumulan pasivos con impacto diferido en el registro del gasto (Pidiregas) por 1.2 billones de pesos.
La justicia social como un medio de romper las desigualdades sociales de un pueblo que históricamente ha luchado a romper estos esquemas de poder, y ante el nacimiento de una primer a constitución social en 1917 que expresa el espíritu de su pueblo ante un congreso constituyente de 1916 , que plasmo este sentimiento de una nación mexicana: Justicia social. Tres elementos que dañan al estado mexicano: la corrupción, la desigualdad social y la inseguridad.- ente situaciones de eficacia y honestidad de nuestras autoridades, instituciones y nuestra clase gobernante: Una realidad la inseguridad y delincuencia. “nada hay científicamente más torpe que querer transformar la realidad al margen de la realidad misma. Él conjunto de estas normas jurídicas constituye el orden jurídico; titular de este orden social la sociedad reencontremos mecanismos necesarios para el bienestar social. La sociedad esta abrumada ante esta crisis económica, la pérdida de la calidad de vida y el poder adquisitivo de la población a la baja, ante una visión de los gobernantes de otro país. “Los mexicanos estamos cansados de tener miedo” y exige a “las autoridades” no escudarse en encuestas y “dejar de tomarse fotografías en las reuniones”. ¿Las fotos deben reservarse sólo para el afamado trío? Estimulado como es desde el poder institucional y también desde los fácticos
La historia es repetida por el sonorense Manlio Fabio Beltrones, de otra manera. Él, como diputado, aseguró la lealtad de quienes votaron por la desnacionalización energética y el fin del régimen posrevolucionario, dirigido por los sonorenses Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Ese Fabio a quien Mario Aburto, supuesto asesino de Luis Donaldo Colosio, acusa de estar presente cuando fue torturado. ¿Qué secretos guarda Beltrones al respecto? ¿Su silencio es su seguro de protección y de garantía para su carrera política? La credibilidad de uno y otro es la misma.
Ante todo, la trascendencia de la reforma radica en el hecho de que culmina el proceso de desmantelamiento y reprivatización energética iniciado por Miguel de la Madrid en la petroquímica estatal (de los 70 productos considerados básicos y de producción exclusiva de Pemex, en 1986 suprimió 40 al convertirlos en secundarios y ceder su oferta a las empresas privadas; en 1989, Carlos Salinas de Gortari los redujo a 19; y, en 1992, a nueve; en 1996, Ernesto Zedillo decretó la venta de 61 plantas petroquímicas y abrió completamente el sector al capital privado, local y foráneo). Lo anterior amparado en las políticas ortodoxas de estabilización –que recortan el gasto público, castigan la inversión energética y amplían el saqueo fiscal de Pemex y la CFE– y de ajuste estructural –privatizaciones, reestructuración estatal, etcétera–, tendientes a sustituir el Estado intervencionista o “populista” por el Estado mínimo, cuya principal responsabilidad es garantizar el funcionamiento del “mercado libre” y la acumulación privada de capital, de acuerdo con los programas del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Consenso de Washington.
Con Felipe Calderón, el ímpetu reprivatizador y tras nacionalizador alcanzó niveles inconcebibles. El panista dividió las aguas territoriales en 239 bloques con el objeto de impulsar su exploración, explotación y licitación, bajo el esquema de “alianzas estratégicas con empresas privadas”, según el especialista Fabio Barbosa. Con el cambio a la ley energética de 2008, legalizó la concesión de bloques en el Golfo de México, cuya extensión media equivaldría a la extensión de estados como Tlaxcala o Colima, tal y como sucede con la Cuenca de Burgos (donde participan empresas como Repsol; Petrobras; Teikoku Oil; la mexicana D&S Petroleum, del Grupo Diavaz; la argentina Techint y su subsidiaria Tecpetrol; la mexicana Industrial Perforadora de Campeche) y Chicontepec, regenteada esta última región por Dowell Schlumberger, Weatherford, Chedroin Holding, Petrofac Facilities, ICA Flúor Daniel o Halliburton, en sustitución de Pemex, y cuyos resultados han sido fraudulentamente onerosos.
Mientras sus servicios eran pagados, la paraestatal perdía unos 2.4 mil millones de pesos semestralmente hacia 2008, según Francisco Garaicochea, del Grupo de Ingenieros Pemex-Constitución de 1917. Además, se acumulan pasivos con impacto diferido en el registro del gasto (Pidiregas) por 1.2 billones de pesos.
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