MÉXICO, D.F.- A menos de
dos meses de que Felipe Calderón entregue la banda presidencial a Enrique Peña
Nieto, Amnistía Internacional alerta sobre el incremento de la práctica de la
tortura por parte de servidores públicos en México y de la impunidad que la
cobija.
En el informe denominado
“Culpables conocidos víctimas ignoradas. Tortura y maltrato en México”, la
organización con sede en Londres, Inglaterra, advierte que el objetivo del mismo
es “ilustrar el hecho evidente de que el gobierno del presidente Felipe Calderón
no ha combatido seriamente la tortura y para pone de relieve los retos que
deberá hacer frente el nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto cuando entre en
funciones en diciembre, para poner fin a la tortura y a los malos tratos”.
Tras señalar que el
documento será presentado ante el Comité contra la Tortura de la ONU en
noviembre próximo, la organización resalta la crisis de inseguridad en la que se
vio envuelto México tanto por la guerra entre los cárteles como por el
despliegue de tropas en el país.
“Al menos 60 mil personas
han sido víctimas de homicidio y más de 160 mil se han visto desplazadas
internamente, debido sobre todo a la violencia provocada por disputas
territoriales entre cárteles, pero también a operaciones de las fuerzas de
seguridad. Es en este contexto en el que se han aumentado de manera alarmante
los informes de tortura y malos tratos”, sostiene AI.
En el informe se destaca
que durante los últimos tres años AI documentó casos representativos en los 31
estados y el Distrito Federal, y que pudo constatar que las violaciones graves a
los derechos humanos como “homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas,
detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y tortura cometidas por
funcionarios públicos federales, estatales y municipales”.
Sin embargo, la
organización considera que el despliegue de tropas del Ejército y la Marina,
unos 50 mil efectivos, “ha contribuido a este acusado aumento de los informes de
tortura y otros malos tratos a manos de militares. Amnistía Internacional no
tiene conocimiento de que en alguno de los casos que ha documentado se haya
dictado sentencia condenatoria por un delito de tortura”.
En el informe se destaca la
complejidad para documentar el delito de tortura, toda vez que el delito no está
estandarizado en las 32 legislaciones, por lo que no todos los casos son
procesados judicialmente, en tanto que la Comisión Nacional de Derecho Humanos
(CNDH) sólo tramita los casos atribuidos a servidores públicos federales.
Aun así, tomando como base
los informes de la CNDH, se agrega, el incremento del delito es impactante. En
2007, el organismo sólo tramitó cuatro denuncias por tortura, incrementándose la
prevalencia año con año, hasta que en 2011, la cifra creció a 42. Se acumularon
110 expedientes por tortura en el organismo, en tanto que por malos tratos,
abrió 4 mil 731 expedientes.
“De las 110 denuncias de
tortura, 31 han dado lugar a recomendaciones de la CNDH, mientras que 57 siguen
siendo objeto de examen. De las 4 mil 731 denuncias de malos tratos, 83 han dado
lugar a recomendaciones”, se indica en el documento.
El documento de AI incluye
reportes de otras dependencias gubernamentales para ilustrar lo complicado de
documentar con certeza la tortura en México. De acuerdo con la PGR, de 2008 a
2011 se abrieron 58 averiguaciones previas por ese delito, de las que sólo
cuatro concluyeron en acusaciones formales; en el mismo periodo, la Judicatura
Federal registró 12 procesos judiciales de los que se emitieron cinco sentencias
condenatorias.
De su lado, el INEGI
reportó que en el ámbito federal, de 2006 a 2010, sólo hubo un proceso judicial
y ninguna sentencia; en el fuero común, en el mismo periodo, se reportaron 37
procesos y 18 sentencias condenatorias por tortura.
“Resulta sumamente difícil
determinar la verdadera magnitud y extensión de la tortura y otros malos tratos
en México. Esta dificultad se debe en parte al endeble sistema de denuncia e
investigación, que casi nunca hace rendir cuentas a los responsables y deja a
las víctimas y testigos expuestos a sufrir represalias, como consecuencia de lo
cual se denuncian muchos menos casos de los que realmente se producen”,
puntualiza AI.
Sobre denuncias contra
militares por tortura, AI señala que, con base en una solicitud de información
pública, la Sedena afirmó que inició mil 60 denuncias contra militares que
cometieron delitos contra civiles en 2010 y 449 en 2011, lo que dio origen a 118
investigaciones, entre ellas las de 17 soldados implicados en casos de
tortura.
“De los militares afectados
98 se enfrentaban a cargos penales, algunos por violencia contra personas
causantes de muerte, y al menos nueve enfrentaban cargos de tortura. Durante
2010 y 2011 se condenó a nueve militares por delitos contra civiles. Según la
Sedena, durante la administración de Calderón se han condenado ante tribunales
militares por abusos contra los derechos humanos a 38 soldados. Sin embargo, 11
de estas sentencias condenatorias corresponden a casos ocurridos antes de la
administración de Calderón y al menos 19 de las 27 restantes están en proceso de
ser recurridos”, resalta AI en su informe.
El documento, que incluye
también temas de violencia contra mujeres, migrantes y desaparecidos resalta que
queda en evidencia una vez más que a pesar de que en materia de política externa
México se ha destacado por ser uno de los Estados promotores de los derechos
humanos, al interior “esta postura es insostenible y contraria a las
obligaciones internacionales contraídas por México en materia de derechos
humanos, entre las que figura la aplicación plena y genuina de medidas eficaces
para impedir y castigar la tortura y otros malos
tratos”.
