México, D.F..- Un año después de que Enrique Peña Nieto llevara de regreso a la residencia oficial de Los Pinos al Partido Revolucionario Institucional (PRI), su administración se caracteriza por una cruzada reformista con la que busca "transformar a México", aunque aún se vislumbran vacíos en temas relevantes como seguridad.
Las ya aprobadas reforma educativa, de telecomunicaciones y competencia económica, fiscal y financiera han dibujado el panorama del camino que quiere recorrer Peña Nieto para modernizar el país, que gobernó su partido de manera ininterrumpida entre 1929 y 2000.
Estas iniciativas han sido elogiadas por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y han cambiado la visión que tenían críticos del PRI como el Nobel de Literatura peruano, Mario Vargas Llosa, que en el pasado tildó como "dictadura perfecta" la hegemonía del partido oficialista mexicano.
"Este PRI está funcionando dentro de la democracia. Está respetando la democracia, está proponiendo reformas que me parecen sensatas", dijo Vargas Llosa esta semana a la prensa mexicana al iniciar una visita a Ciudad de México.
El cambio, no obstante, no ha caído bien en sectores como el educativo, que se opone a la reforma que establece el servicio profesional docente y el sistema nacional de evaluación educativa, así como en la izquierda, que no ve con buenos ojos la iniciativa de reforma energética gubernamental, pendiente de análisis en el Congreso y que busca abrir el sector a empresas privadas.
Dichos sectores se han convertido en la piedra en el zapato para Peña Nieto en los últimos meses, en los que han tomado las calles con manifestaciones, principalmente en Ciudad de México, que han concluido en varias ocasiones con actos violentos.
La mayoría de las reformas promovidas por el gobierno han sido aprobadas gracias al Pacto por México, que suscribió Peña Nieto en su segundo día de gobierno con los principales partidos del país para impulsar iniciativas que promuevan el desarrollo nacional.
El pacto empezó a registrar fisuras principalmente por desacuerdos con la reforma energética, sobre la cual cada partido, tanto el PRI, partido del gobierno, como el conservador Partido Acción Nacional (PAN) y el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó sus propias propuestas al Congreso.
La alianza sufrió este jueves su máximo golpe con el retiro del PRD, que acusó al PRI y PAN de impulsar una reforma político-electoral "light" y de negociar en privado una reforma energética "privatizadora" contraria a sus intereses.
El conflicto creado en el pacto será uno de los retos por resolver para el gobierno, así como temas relevantes que aún no despegan con el éxito que busca el Ejecutivo como son economía y seguridad.
Frente al primer tema, la Secretaría (Ministerio) de Hacienda ha reducido este año cuatro veces su estimación de crecimiento para 2013, que inicialmente fue del 3,5 y actualmente se ubica en el 1,3 por ciento.
"El PAN dejó el gobierno federal con una expectativa de crecimiento económico de 3,5 y ésta ha caído a 1,5, al igual que el empleo", cuestionó recientemente el senador Ernesto Cordero.
A pesar de los cambios en la estimación de crecimiento, esta semana la Secretaría de Hacienda reportó una cifra récord de inversión extranjera directa (IED) de 28.233,8 millones de dólares en los primeros nueve meses del año, impulsada por la venta del grupo cervecero Modelo a la belga AB Inbev.
Además del tema económico, entre las cinco metas que se trazó el gobierno para el sexenio está alcanzar un México en paz. El propósito parece no avanzar de la forma que demanda el país, que heredó del gobierno del ex presidente Felipe Calderón (2006-2012) la cifra de más de 70.000 muertos a causa de la guerra entre grupos del crimen organizado y la estrategia que se ejecutó para combatirlos.
Los asesinatos múltiples que se registraron a lo largo de la gestión de Calderón han disminuido en el último año. Sin embargo, continúan los homicidios a cuenta gotas vinculados a la violencia que generan en el país las acciones del crimen organizado.
De acuerdo con estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública de diciembre de 2012 a septiembre de 2013, en el país se registraron 15.530 homicidios vinculados en su mayoría con el crimen.
En las últimas semanas además han aparecido fosas clandestinas en los límites entre los estados de Michoacán y Jalisco (oeste), en las que se han recuperado cerca de 60 cadáveres de víctimas de grupos armados ilegales que operan en la zona.
La política de lucha contra el crimen de Peña Nieto se enfoca en la prevención y una de sus grandes apuestas en materia de seguridad es crear una gendarmería, que contará inicialmente con 5.000 efectivos, pero que sólo iniciará operaciones hasta mediados del año próximo.
Entre los golpes que destacan en materia de seguridad en el primer año de gobierno están las capturas de importantes jefes de grupos del crimen organizado como los líderes de los cárteles de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, y del Cártel del Golfo, Mario Armando Ramírez Treviño, en julio y agosto pasado, respectivamente.
Además del tema economico y de seguridad, a juicio del director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, una de las grandes deudas pendientes de Peña Nieto es combatir la violación de derechos humanos, materia que el jefe de la organización afirma está todavía a tiempo de "cambiar el rumbo, promover responsabilidad por antiguos abusos y demostrar un verdadero compromiso".
Reformas clave promovidas por Peña Nieto
Enrique Peña Nieto dedicó su primer año de gobierno en México a impulsar reformas estructurales, de las cuales las más polémicas han sido la educativa y la energética. Estas son las principales iniciativas y su estado actual:
- EDUCATIVA: Fue la primera que se aprobó completa y generó fuertes protestas sindicales en las calles. Establece nuevas reglas para el ingreso, permanencia y ascenso en la carrera magisterial, restando poder de decisión a los sindicatos. También elimina prácticas como la venta o herencia de plazas docentes, crea un instituto nacional de evaluación educativa e introduce escuelas de tiempo completo.
- TELECOMUNICACIONES Y COMPETENCIA ECONÓMICA: Aunque fue promulgada en junio, aún tienen que discutirse las leyes que le darán forma. Acota el poder de los dos grandes emporios mexicanos de las telecomunicaciones: la telefónica América Móvil del magnate Carlos Slim y la empresa Televisa, la mayor cadena de medios en español. La reforma elevó del 49 al 100 por ciento la posibilidad de inversión extranjera directa en el sector y abrió la puerta para dos nuevos canales de televisión abierta. Además, creó la Comisión Federal de Competencia Económica para combatir los monopolios.
- FISCAL: Esta reforma se aprobó en octubre después de una fuerte discusión, en especial por la controvertida aplicación de un 16 por ciento de IVA en zonas fronterizas y de un impuesto a la comida chatarra. Se acordó aumentar de manera progresiva el impuesto sobre la renta a quienes más ganan y crear un impuesto del diez por ciento a las ganancias en la Bolsa. Por el rechazo de la oposición, el gobierno no pudo sacar adelante su propuesta de aplicar el IVA a cuotas de colegios privados, venta y renta de viviendas y espectáculos.
- FINANCIERA: Fue aprobada esta semana por el Congreso. Modifica 34 ordenamientos legales para facilitar el crédito, evitar los intereses abusivos y aumentar la competencia entre bancos, además de que refuerza las garantías para que los bancos puedan recuperar su dinero, endureciendo las normas contra la evasión y la morosidad. Fortalece la capacidad de crédito de la banca de desarrollo para apoyar a las pequeñas y medianas empresas.
- ENERGÉTICA: Es la gran batalla que viene. El gobierno espera que se apruebe este año. Peña Nieto propone reformar la Constitución para abrir al capital privado el estratégico sector de hidrocarburos, nacionalizado en 1938. Propone autorizar los contratos de utilidad compartida con empresas privadas en el sector petrolero, así como ampliar su participación en generación eléctrica, refinación, petroquímica, transporte y almacenamiento. La izquierda la rechaza por considerarla "privatizadora", mientras que la oposición conservadora, de la que depende Peña Nieto para lograr la reforma, pide una mayor apertura del sector.
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