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jueves, 30 de mayo de 2013

SAN LAZARO: IREGULARIDADES, MEJORAS DEL TRANSPORTE Y ELECCIONES

Publicado: 30 mayo, 2013 en JUAN HERNÁNDEZ
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* Crisis de opinión pública si hay irregularidades en comicios
* Focos rojos en elecciones de Veracruz y Quintana Roo
*Mejorar transporte del Estado de México demanda en Senado
Los integrantes del PAN, PRI y PRD de la Comisión Especial para dar Seguimiento a Procesos Electorales se manifestaron dispuestos a provocar una crisis de opinión pública nacional en contra de aquellos gobiernos estatales y municipales que incurran en irregularidades o delitos electorales, en el marco de los comicios en 14 entidades federativas.
Así lo acordaron los senadores José María Martínez, Patricio Martínez García y Manuel Camacho Solís, en el marco de sendas reuniones de trabajo con organizaciones civiles, autoridades electorales y delegados de la Secretaría de Desarrollo Social en Quintana Roo.
Para lo anterior, apuntó José María Martínez, se establecerá una alianza con las organizaciones sociales. “Queremos, a partir exactamente de su opinión, tener la oportunidad de ir más allá de estos dichos, quejas o denuncias, que nos permita tener fundadas las posiciones tanto de la sociedad civil como de la propia Comisión para poder trabajar en conjunto”.
De esta manera, expuso, al no tener efectos vinculatorios para sancionar actos irregulares, la Comisión se propone “ejercer con todo rigor un equilibrio democrático que es el control político en razón de lo que pueda ocurrir en los estados para poder normalizar cualquier proceso que tienda a generar alertas o preocupaciones e inhiban, por supuesto, el voto de los ciudadanos o pretendan coaccionarlo”. El legislador bicolor sostuvo que se denunciarán desde la máxima tribuna los delitos electorales que detecten, “con la disposición absoluta de los partidos políticos para que no se degrade el Estado democrático y dispuestos incluso, así lo hemos ofrecido, a generar si es necesario una crisis de opinión pública nacional para que los ojos se centren en aquellos que no estén respetando la libertad y los derechos de todos los ciudadanos en este proceso electoral”.
El tricolor Patricio Martínez García, lo refrendó al sostener que si bien es priista, su representación y responsabilidad en la Comisión especial es como senador de la República.
Enfatizó que este órgano parlamentario se encuentra debidamente integrado y unido, por lo que “en su momento estaremos atendiendo con la urgencia de un bombero en donde se presente el fuego y estaremos atendiendo con la rapidez que se necesite, para que se estabilice aquello donde se requiera la intervención del Senado como instancia política que es”.
Aclaró que esta Comisión Especial no interferirá con la labor de las autoridades electorales, pero sí mantendrá una acción constante de prevención, llamando a la cordura a todos los actores y gobiernos para que la democracia se dé en los mejores términos y condiciones”. Martínez García acotó: “Lo que sí le puedo asegurar es que esta comisión es de buena fe y no venimos en un plan de juzgar, sentenciar y ejecutar la sentencia en forma sumaria, sino en todo caso, puedo dar el caso de Tamaulipas, fuimos, escuchamos, encontramos razonablemente manejado aquello y nuestros comentarios son ese sentido”.
En este sentido se pronunció el legislador del PRD Camacho Solís, al indicar que no pretenden sustituir a las instituciones electorales pero “tampoco vamos a cerrar los ojos, vamos a escuchar y si después de reconocer el terreno con la información que ya tenemos llegamos a la conclusión de que está habiendo interferencias indebidas por parte de las autoridades ya se trate federales estatales, lo vamos a decir”.
Además, se unió a la advertencia de su homólogo panista al apuntar que en el momento de hacer público cualquier tipo de irregularidades, “se va a volver una nota nacional y a quien lo haga se le va a complicar un poco la situación ¿por qué?, porque no estamos aquí para venir a magnificar los conflictos, no es nuestro interés, no venimos aquí en plan de defender una posición partidista, ninguno de los tres, pero lo último que haríamos sería callarnos frente a situaciones de franca ilegalidad o de acciones fraudulentas”.
FOCOS ROJOS
Al hacer un balance de los trabajos emprendidos la semana pasada por la Comisión Especial para Seguimiento a los Procesos Electorales, el senador José María Martínez expuso que en Tamaulipas se encontraron con una situación “regular… no encontramos nada que nos diera alguna alerta”.
Empero, en Veracruz “nos quedó una honda preocupación, pues los ciudadanos, los representantes de la sociedad no tienen absolutamente confianza ni en el gobierno ni en las instituciones
democráticas que habrán de velar por su derecho en este proceso”. Esto, sostuvo, porque ven un intervencionismo de parte del gobierno del estado, además de que no se cumple el adendum del Pacto por México.
A ello, abundo, se agrega la preocupación ciudadana “respecto a la integración del instituto electoral por verlo subordinado al propio gobierno, nos deja una honda preocupación, así lo estamos reportando por supuesto a la Cámara de Senadores y habremos de deliberar más adelante si es que hay necesidad de que regresemos” los integrantes de esta Comisión especial.
Indicó que en principio existe el compromiso de los senadores de regresar a la entidad jarocha 15 días antes de que se lleve a cabo el proceso electoral, “para poder estar atentos de si se normalizó o no el proceso”.
En cuanto a las denuncias en Quinta Roo, apuntó, la principal va en el sentido de la incorporación al Registro Federal de Electores de más de dos mil 500 ciudadanos que provienen de los estados de Yucatán y Campeche, a lo que se le ha dado en llamar “turismo electoral”.
PUNTO DE ACUERDO
Ante el incremento desproporcionado en las tarifas del transporte público del Estado de México, que en los últimos tres años ha significado hasta un 63 % de aumento y afectado seriamente la economía familiar de los mexiquenses, es urgente que en la entidad se garantice la eficiencia en el servicio y se apliquen descuentos para estudiantes, personas con discapacidad y personas de la tercera edad.
Así lo propuso la senadora Laura Angélica Rojas Hernández al denunciar que aún y cuando el servicio de transporte público en la entidad es precario e ineficiente, las autoridades solo autorizan el alza en las tarifas sin acompañarle con un programa integral de mejora.
Actualmente, dijo la mexiquense, existen casi 126 mil unidades que, en su mayoría, se encuentran en mal estado, sólo 35 mil han sido regularizadas y se estima que cuatro mil más carecen de permisos y, por ende, de un control en el cobro del pasaje.
En la Comisión Permanente la legisladora denunció que este aumento desproporcionado lacera a la economía familiar, por lo que demandó contenerlos y porque las autoridades mexiquenses instrumenten programas y acciones integrales que contemplen la modernización del transporte público, la capacitación de los conductores, para garantizar un servicio eficiente, limpio, seguro, sustentable y de calidad, con tarifas justas.

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