Por Manuel Carvallo
México, D.F.- La diputada federal del PRD, Elena Tapia Fonllem, Secretaria de la
Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aseguró que es urgente legislar sobre el arraigo y el fuero militar, para colocar a México en los estándares internacionales en la defensa de los derechos humanos.
“La reforma constitucional de 2010-2011 no bastó para desterrar graves disposiciones contrarias a los derechos humanos, como el fuero militar o el arriago. Tampoco para convertir a los pueblos indígenas en sujetos de derecho y no meras entidades de interés público o convencer al Senado de la necesidad de ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.
La legisladora aseguró que la LVII legislatura tendrá el reto de legislar por temas pendientes a favor de los derechos de los sectores más vulnerables como son las mujeres, indígenas, personas de la tercera edad, niños y niñas.
Durante la clausura del Foro “Los derechos humanos a 64 años de su declaración universal”, Elena Tapia aseguró que en el caso de las mujeres, la posibilidad de disfrutar sus derechos aún enfrenta una estructura jurídica y política concebida desde un enfoque androcéntrico.
“Son distintas las formas de acciones afirmativas que deben emprenderse para enfrentar problemas urgentes como el feminicidio, la discriminación, la falta de acceso a seguridad social, la ausencia de remuneración al trabajo doméstico, la supresión de la libertad de elegir en la reproducción, etcétera” afirmó Elena Tapia.
Además, dijo, las niñas, niños y jóvenes, tienen no sólo el derecho, sino un gran interés en expresar sus puntos de vista, decidir de acuerdo a sus preferencias y no recibir malos tratos por parte de sus padres y madres.
Asimismo denunció que en el caso de las personas adultas mayores, los problemas que enfrentan se relacionan también con personas e instituciones que los consideran, discriminatoriamente, como personas de segunda clase, y “no orientan su atención, sus recursos, sus prioridades a otorgarles los beneficios a los que deberían tener acceso”.
Sobre los pueblos indígenas, Elena Tapia afirmó que sus integrantes enfrentan no sólo la discriminación sistemática de las autoridades, sino también de una discriminación social que limita las posibilidades de que se desarrollen de acuerdo a sus tradiciones y sus prioridades.
Finalmente la diputada perredista reconoció que debido a las reformas a la constitución en materia de derechos humanos, se ha abandonado el modelo paternalista de las simples “garantías individuales”, que eran prerrogativas otorgadas por el Estado y la ley, para avanzar a los derechos inherentes a las personas, por lo que a partir de ahora se pueden ejercer libre y ampliamente.
“La reforma significó un paso decisivo hacia una gobernabilidad democrática que arrastraba la alternancia en el Ejecutivo. Impuso al Estado cuatro obligaciones respecto a los derechos humanos: El respeto, que significa el no atentar activa ni pasivamente contra la realización de los derechos. La protección, es decir, la obligación de utilizar los recursos del Estado para transformar el Poder público en beneficio de los derechos; Y la promoción, que implica una acción positiva para plasmar los derechos en la cultura cívica, la cultura política y en los procesos de transformación institucional”.
Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aseguró que es urgente legislar sobre el arraigo y el fuero militar, para colocar a México en los estándares internacionales en la defensa de los derechos humanos.
“La reforma constitucional de 2010-2011 no bastó para desterrar graves disposiciones contrarias a los derechos humanos, como el fuero militar o el arriago. Tampoco para convertir a los pueblos indígenas en sujetos de derecho y no meras entidades de interés público o convencer al Senado de la necesidad de ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.
La legisladora aseguró que la LVII legislatura tendrá el reto de legislar por temas pendientes a favor de los derechos de los sectores más vulnerables como son las mujeres, indígenas, personas de la tercera edad, niños y niñas.
Durante la clausura del Foro “Los derechos humanos a 64 años de su declaración universal”, Elena Tapia aseguró que en el caso de las mujeres, la posibilidad de disfrutar sus derechos aún enfrenta una estructura jurídica y política concebida desde un enfoque androcéntrico.
“Son distintas las formas de acciones afirmativas que deben emprenderse para enfrentar problemas urgentes como el feminicidio, la discriminación, la falta de acceso a seguridad social, la ausencia de remuneración al trabajo doméstico, la supresión de la libertad de elegir en la reproducción, etcétera” afirmó Elena Tapia.
Además, dijo, las niñas, niños y jóvenes, tienen no sólo el derecho, sino un gran interés en expresar sus puntos de vista, decidir de acuerdo a sus preferencias y no recibir malos tratos por parte de sus padres y madres.
Asimismo denunció que en el caso de las personas adultas mayores, los problemas que enfrentan se relacionan también con personas e instituciones que los consideran, discriminatoriamente, como personas de segunda clase, y “no orientan su atención, sus recursos, sus prioridades a otorgarles los beneficios a los que deberían tener acceso”.
Sobre los pueblos indígenas, Elena Tapia afirmó que sus integrantes enfrentan no sólo la discriminación sistemática de las autoridades, sino también de una discriminación social que limita las posibilidades de que se desarrollen de acuerdo a sus tradiciones y sus prioridades.
Finalmente la diputada perredista reconoció que debido a las reformas a la constitución en materia de derechos humanos, se ha abandonado el modelo paternalista de las simples “garantías individuales”, que eran prerrogativas otorgadas por el Estado y la ley, para avanzar a los derechos inherentes a las personas, por lo que a partir de ahora se pueden ejercer libre y ampliamente.
“La reforma significó un paso decisivo hacia una gobernabilidad democrática que arrastraba la alternancia en el Ejecutivo. Impuso al Estado cuatro obligaciones respecto a los derechos humanos: El respeto, que significa el no atentar activa ni pasivamente contra la realización de los derechos. La protección, es decir, la obligación de utilizar los recursos del Estado para transformar el Poder público en beneficio de los derechos; Y la promoción, que implica una acción positiva para plasmar los derechos en la cultura cívica, la cultura política y en los procesos de transformación institucional”.
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