Costarán 11 mil mdp instrumentar juicios orales en el DF: Ebrard
Ciudad de México.- El jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, informó que la puesta en marcha del Sistema de Justicia Penal en el Distrito Federal o juicios orales costará 11 mil millones de pesos, tres mil millones de pesos por año, de 2013 a 2016.
Al inaugurar el Congreso Nacional “La Nueva Justicia Penal en México: avances, retos, experiencias y perspectivas en la implementación de un sistema acusatorio”, Ebrard Casaubon comentó que es un sistema complejo, pero que no se hará de forma precipitada ni irresponsable.
Dichos recursos, dijo, serán para infraestructura, así como acelerar la preparación y capacitación de quienes intervienen en el proceso y, "lo que tiene que ver con las características y naturaleza del trabajo de las policías, especialmente la de investigación.
"Más o menos estimamos que todo esto va implicar un esfuerzo (...) Que será uno de los programas más complejos y que no debemos hacerlo de manera precipitada y mucho menos irresponsable".
Acompañado por el jefe de gobierno electo, Miguel Ángel Mancera Espinosa, Marcelo Ebrard comentó que se trata de hacerlo bien, "muy bien y por eso lo hemos previsto de esta manera".
En este marco, agradeció a todas las entidades federativas que comparten su experiencia a la capital del país, pues se trata de un ejercicio federalista, igualitario y respetuoso.
De igual forma, agradeció al presidente del Tribunal Superior de Justicia capitalino (TSJDF), Edgar Elías Azar; al procurador general de Justicia capitalino, Jesús Rodríguez Almeida y al Tribunal de Durango, el apoyo para la realización del Congreso.
El jefe de gobierno puntualizó que el sistema de justicia local que realizan tanto el TSJDF como la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) es similar al de naciones como Chile, menos que el de Colombia y equivalente a cuatro naciones de Centroamérica.
Durante tres días de trabajo, el Congreso Nacional analizará la aplicación del sistema acusatorio en México para impulsar su adecuado proceso de instrumentación, dentro del límite temporal establecido en el mandato Constitucional del 18 de junio de 2008.
Además se abordarán los retos que se enfrentan en las entidades en las que se ha puesto en marcha el sistema, con la finalidad de armonizar criterios en la aplicación del nuevo modelo, sin trastocar las particularidades que cada estado requiere en su propia legislación.
Al inaugurar el Congreso Nacional “La Nueva Justicia Penal en México: avances, retos, experiencias y perspectivas en la implementación de un sistema acusatorio”, Ebrard Casaubon comentó que es un sistema complejo, pero que no se hará de forma precipitada ni irresponsable.
Dichos recursos, dijo, serán para infraestructura, así como acelerar la preparación y capacitación de quienes intervienen en el proceso y, "lo que tiene que ver con las características y naturaleza del trabajo de las policías, especialmente la de investigación.
"Más o menos estimamos que todo esto va implicar un esfuerzo (...) Que será uno de los programas más complejos y que no debemos hacerlo de manera precipitada y mucho menos irresponsable".
Acompañado por el jefe de gobierno electo, Miguel Ángel Mancera Espinosa, Marcelo Ebrard comentó que se trata de hacerlo bien, "muy bien y por eso lo hemos previsto de esta manera".
En este marco, agradeció a todas las entidades federativas que comparten su experiencia a la capital del país, pues se trata de un ejercicio federalista, igualitario y respetuoso.
De igual forma, agradeció al presidente del Tribunal Superior de Justicia capitalino (TSJDF), Edgar Elías Azar; al procurador general de Justicia capitalino, Jesús Rodríguez Almeida y al Tribunal de Durango, el apoyo para la realización del Congreso.
El jefe de gobierno puntualizó que el sistema de justicia local que realizan tanto el TSJDF como la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) es similar al de naciones como Chile, menos que el de Colombia y equivalente a cuatro naciones de Centroamérica.
Durante tres días de trabajo, el Congreso Nacional analizará la aplicación del sistema acusatorio en México para impulsar su adecuado proceso de instrumentación, dentro del límite temporal establecido en el mandato Constitucional del 18 de junio de 2008.
Además se abordarán los retos que se enfrentan en las entidades en las que se ha puesto en marcha el sistema, con la finalidad de armonizar criterios en la aplicación del nuevo modelo, sin trastocar las particularidades que cada estado requiere en su propia legislación.
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