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miércoles, 14 de noviembre de 2012

Avalan ley laboral; va al Ejecutivo

México.- El Senado de la República aprobó la reforma laboral y la envió al presidente Felipe Calderón para su pronta entrada en vigor, a fin de que por primera ocasión México cuente con nuevas modalidades de contratación, los empleados de las outsourcing tengan protección de ley, se exija el salario mínimo para el pago por horas y crear reglas de productividad.
Además, por primera ocasión, los dos millones 515 mil 703 sindicalizados que trabajan para empresas privadas tendrán el derecho de exigirle a sus líderes la rendición de cuentas sobre sus cuotas y el patrimonio de sus gremios, amén de que estarán obligados a abrirse a la democracia, a partir de la votación secreta de todos sus integrantes, ya sea de manera directa o indirecta.
Ayer, en medio de la amenaza del coordinador de los senadores del PRD, Luis Miguel Barbosa, de interponer una demanda de amparo en contra del trámite legislativo, el Senado aprobó enviar al Ejecutivo la reforma laboral en los términos propuestos por la Cámara de Diputados, y como ésta ya había hecho lo propio, el documento fue turnado al presidente Felipe Calderón.
Fue el voto unido de los senadores del PAN, PRI, PVEM y la única del Panal, que ayer tuvieron una ausencia y por eso sumaron 99, el que permitió que el texto completo de la reforma laboral, enviado por la Cámara de Diputados, se aprobara en el pleno del Senado, aunque el PAN mantuvo su voto con la izquierda para insistir en la inclusión de dos artículos que no formaron parte de la propuesta original del presidente Felipe Calderón y que fueron propuestos por el PRD.
Se trata de los artículos 388 Bis y 390, referentes a la votación previa de los trabajadores a la firma de los contratos colectivos de trabajo, que el PAN y la izquierda insistieron en introducir, pero que al carecer del respaldo de la Cámara de Diputados, no entró en el paquete enviado al mandatario federal, y fueron remitidos a San Lázaro para que se vuelvan a discutir, con base a las disposiciones del apartado E del artículo 72 Constitucional.
De esta forma, después de 42 años que la Ley Federal del Trabajo no registraba cambio alguno, el Congreso de la Unión concretó estas modificaciones con base en una propuesta enviada por el presidente Felipe Calderón, que con ella inauguró su derecho constitucional a una iniciativa preferente.
La Ley Federal del Trabajo actual consta de mil 100 artículos. El presidente Felipe Calderón solicitó al Congreso de la Unión modificaciones a poco más de 400 de ellos, amén de que propuso la adición de una treintena más, así como la modificación de una cantidad similar.
Con excepción de su propuesta para acotar el derecho de huelga, al otorgar a los patrones la facilidad de que transcurridos tres meses de ondear la bandera rojinegra podían pedir la revisión ante las autoridades laborales, y que salió desde el primer momento de la discusión en septiembre pasado, el resto de los temas propuestos por Felipe Calderón fueron incluidos en las nuevas reglas laborales.
Así, se introducen en la ley los derechos de los trabajadores mexicanos en el extranjero; la protección social de los empleados de outsourcing y su derecho a que las empresas contratantes de estas intermediarias sean considerados sus patrones para proteger sus derechos laborales; mayores sanciones a quien contrate a menores de edad; el esclarecimiento de que absolutamente ningún trabajador, así sea contratado por una hora, puede ganar menos de un salario mínimo.
De igual forma, crea modalidades de contratación, para trabajos por temporada y a prueba; estipula facilidades para un despido no judicializado, pero mantiene la obligación de que la notificación tendrá que hacerse de manera personal al trabajador.
Regula, por primera vez, el trabajo de los jornaleros, quienes ahora tendrán derecho a sumar antigüedad, a tener seguro social y a una pensión; protege con horarios determinados a las trabajadoras domésticas y crea mecanismos específicos para el trabajo en las minas, así como el aumento de las medidas de sanidad y seguridad para los empleados, incluso con el derecho de la autoridad laboral de pedir el apoyo de la policía para obligar a una empresa a la supervisión.

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