México.- Joaquín Vargas, presidente del Consejo de Administración de MVS, reconoció públicamente que decidió terminar la relación laboral de esa empresa con la periodista Carmen Aristegui, luego de que ésta lanzó una pregunta al aire sobre un supuesto problema de alcoholismo del presidente Felipe Calderón.
En conferencia de prensa, el empresario reiteró en diferentes ocasiones haber sido él quien tomó la decisión de prescindir de los servicios de la comunicadora, convencido de la presión que ejerció el gobierno para resolver sobre sus concesiones en la banda de 2.5 gigahercios y su propuesta para ofrecer internet de alta velocidad.
De acuerdo con Vargas, la tarde del viernes 4 de febrero sostuvo una comunicación con Alejandra Sota (coordinadora de Comunicación Social de la Presidencia de la República), en la que le hacía ver que lo estaban poniendo en una situación difícil.
“Si yo le pedía a Carmen la disculpa que ella (Sota) me solicitaba y Carmen no accedía, no me quedaba más remedio que prescindir de sus servicios, pero el silencio detrás de la bocina lo dijo todo”, argumentó Vargas.
Agregó que esa misma noche sostuvo una reunión con la periodista donde le hizo ver su molestia al haber violado el código de ética de la empresa. “Yo sabía que si le hacía saber que era el gobierno quien estaba exigiendo la disculpa por mi conducto, era absolutamente contraproducente”.
Vargas aseguró que ante la aceptación de Aristegui de ofrecer una disculpa pública, redactó en conjunto con Sota un texto para tratar de resolver la situación, pero la periodista se negó a leer un documento que no hubiera sido redactado por ella, por lo que sugirió otro, el cual no fue aceptado.
“El domingo 6 de febrero hice del conocimiento de la señora Alejandra Sota el texto escrito por la señora Aristegui, mismo que yo no acepté, por lo que tomé la decisión de terminar su relación laboral con MVS”, apuntó.
Vargas dijo haber actuado convencido por la presión y en una lógica de administración de males; sin embargo, una vez tomada la decisión la sostuvo, y asumió en público y en privado la responsabilidad de sus actos.
El empresario también presentó pruebas con las que, aseguró, se corroboran las presiones y chantajes del gobierno federal para evitar que su proyecto “Banda ancha móvil para todos” saliera adelante.
“Niego categóricamente lo que dijo Javier Lozano en cuanto a que yo propuse la no recontratación de Carmen a cambio de que se resolviera el conflicto de la banda de 2.5 GHz, y que con ello intenté chantajear al gobierno. Sus afirmaciones son todas falsas”, puntualizó.
Luego de estas declaraciones el directivo presentó una serie de documentos, correos electrónicos y mensajes de texto a través del sistema BlackBerry sobre las pláticas sostenidas con el mismo Lozano y Alejandra Sota.
Señaló que por recomendación de sus abogados otros documentos y mensajes vía texto no serían presentados, así como declaraciones de testigos presenciales de reuniones con el ex secretario del Trabajo.
Además, afirmó que MVS siempre ha estado dispuesta a pagar la contraprestación de la banda 2.5 GHz, siempre y cuando ésta fuera ajustada a la propuesta de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y al ingreso per cápita de los mexicanos.
De acuerdo con cifras presentadas por el empresario, aun con tarifas equitativas, MVS pagaría un costo más elevado que en países como Alemania, Austria y Holanda, entre otros, con una cifra de 11 mil 164 millones de pesos. “Esta cifra es la que hemos estado y seguimos estando dispuestos a pagar”, aclaró.
En conferencia de prensa, el empresario reiteró en diferentes ocasiones haber sido él quien tomó la decisión de prescindir de los servicios de la comunicadora, convencido de la presión que ejerció el gobierno para resolver sobre sus concesiones en la banda de 2.5 gigahercios y su propuesta para ofrecer internet de alta velocidad.
De acuerdo con Vargas, la tarde del viernes 4 de febrero sostuvo una comunicación con Alejandra Sota (coordinadora de Comunicación Social de la Presidencia de la República), en la que le hacía ver que lo estaban poniendo en una situación difícil.
“Si yo le pedía a Carmen la disculpa que ella (Sota) me solicitaba y Carmen no accedía, no me quedaba más remedio que prescindir de sus servicios, pero el silencio detrás de la bocina lo dijo todo”, argumentó Vargas.
Agregó que esa misma noche sostuvo una reunión con la periodista donde le hizo ver su molestia al haber violado el código de ética de la empresa. “Yo sabía que si le hacía saber que era el gobierno quien estaba exigiendo la disculpa por mi conducto, era absolutamente contraproducente”.
Vargas aseguró que ante la aceptación de Aristegui de ofrecer una disculpa pública, redactó en conjunto con Sota un texto para tratar de resolver la situación, pero la periodista se negó a leer un documento que no hubiera sido redactado por ella, por lo que sugirió otro, el cual no fue aceptado.
“El domingo 6 de febrero hice del conocimiento de la señora Alejandra Sota el texto escrito por la señora Aristegui, mismo que yo no acepté, por lo que tomé la decisión de terminar su relación laboral con MVS”, apuntó.
Vargas dijo haber actuado convencido por la presión y en una lógica de administración de males; sin embargo, una vez tomada la decisión la sostuvo, y asumió en público y en privado la responsabilidad de sus actos.
El empresario también presentó pruebas con las que, aseguró, se corroboran las presiones y chantajes del gobierno federal para evitar que su proyecto “Banda ancha móvil para todos” saliera adelante.
“Niego categóricamente lo que dijo Javier Lozano en cuanto a que yo propuse la no recontratación de Carmen a cambio de que se resolviera el conflicto de la banda de 2.5 GHz, y que con ello intenté chantajear al gobierno. Sus afirmaciones son todas falsas”, puntualizó.
Luego de estas declaraciones el directivo presentó una serie de documentos, correos electrónicos y mensajes de texto a través del sistema BlackBerry sobre las pláticas sostenidas con el mismo Lozano y Alejandra Sota.
Señaló que por recomendación de sus abogados otros documentos y mensajes vía texto no serían presentados, así como declaraciones de testigos presenciales de reuniones con el ex secretario del Trabajo.
Además, afirmó que MVS siempre ha estado dispuesta a pagar la contraprestación de la banda 2.5 GHz, siempre y cuando ésta fuera ajustada a la propuesta de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y al ingreso per cápita de los mexicanos.
De acuerdo con cifras presentadas por el empresario, aun con tarifas equitativas, MVS pagaría un costo más elevado que en países como Alemania, Austria y Holanda, entre otros, con una cifra de 11 mil 164 millones de pesos. “Esta cifra es la que hemos estado y seguimos estando dispuestos a pagar”, aclaró.
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