La Secretaría de Hacienda deberá entregar a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, un informe actualizado cada tres meses, sobre la deuda de los estados y municipios, luego de que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobara el punto de acuerdo que contempla este exhorto, indicó la diputada federal del PAN, Mariana Dunyaska García Rojas.
Recordó que el monto de la deuda pública de largo plazo de los estados, el Distrito Federal y los municipios, de 2008 al 2012 aumentó 99.1 por ciento; esto es, que de 203 mil 70.2 millones de pesos en 2008, pasó a 406 mil 764 millones al tercer trimestre de 2012.
García Rojas destacó que el siguiente paso será diseñar reformas que permitan sancionar administrativamente o castigar incluso con cárcel, a los gobernantes que de manera irresponsable adquieran deuda y pongan en riesgo las finanzas públicas y el desarrollo de los estados y municipios.
La legisladora, que impulsó el tema de la transparencia de la deuda subnacional, solicitó a los diputados y senadores de los distintos partidos políticos, asumir con congruencia y respeto el compromiso con la ciudadanía, a fin de combatir la corrupción, la opacidad y la falta de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos.
“Consideramos fundamental ir de la mano en los hechos y no solamente en el discurso en materia de transparencia y rendición de cuentas. Ya se aprobó la Ley de Contabilidad Gubernamental, pero es necesario insistir en el cuestionamiento de la deuda subnacional, por ello la petición para que Hacienda informe trimestralmente a la Comisión de Vigilancia”, subrayó.
García Rojas consideró que así como una persona común que busca adquirir una casa o un vehículo toma en cuenta las previsiones y sabe si puede o no pagar los intereses, así debiera ocurrir con los gobernadores y presidentes municipales, “saber cuánto tiempo va a implicar el pago de un crédito y no incurrir en la irresponsabilidad de contratarlo y comprometer a generaciones posteriores”.
Lo único que estamos pidiendo, agregó, es responsabilidad. “A más alto el encargo público, más alta la responsabilidad social y comunitaria, porque hoy tenemos procesos de bursatilización que han implicado 30 años de deuda. Alguien que fue electo por sólo tres años, ha comprometido a por lo menos tres generaciones”, dijo.
La diputada federal por Veracruz reconoció que muchos de los municipios requieren del préstamo bancario para salir adelante o financiar sus proyectos de desarrollo, pero también en ese sentido, agregó, se debe tener claridad de lo que ello implica.
Señaló que a pesar de que ya existe la obligación de la Secretaría de Hacienda de reportar trimestralmente la deuda pública de las entidades federativas y municipios, conforme lo marca la Ley General de Contabilidad Gubernamental, es importante fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos y servidores públicos.
Sobre todo, dijo, cuando en algunos casos el endeudamiento es desproporcionado y no se rinde cuentas, resultado de un modelo de coordinación fiscal agotado, que no responde a los propósitos de adecuado equilibrio presupuestal y que incluso fomenta la corrupción, la opacidad y la mala conducción de los recursos públicos.
