*Son varias decenas de miles de pesos los que por renta, sueldos, servicios y gastos menores “se tiran mensualmente a la basura”
*En el caso de la delegación de Prensa del Congreso local, su titular la hace de juez y parte y sólo difunde las actividades de los legisladores entre un pequeño grupo de “amistades”
Por Carlos Díaz Nuño y Rubén Arellano Vargas
Nezahualcóyotl, Méx.- Las oficinas de Comunicación Social de la Cámara de Diputados y del Gobierno del Estado de México en esta ciudad se hallan convertidas desde hace meses y años en gigantescos “elefantes blancos”, dado que fueron diseñados originalmente para atender a los representantes de los medios de comunicación de toda la zona oriente (En el triángulo delimitado por Texcoco, Ecatzingo y Nezahualcóyotl), y sin embargo no cumplen su función al no tener presupuesto, poder de decisión y mucho menos facultades para poder resolver situaciones publicitarias, entre otras deficiencias más.
En tanto, las oficinas municipales de Comunicación Social de la zona tampoco cuentan con suficiente presupuesto, mientras que en las más de ellas se ha dado cobijo a titulares improvisados, recomendados, permisionarios, hacedores de lonas, taqueros, sacaborrachos, parientes y/o que nada tienen que ver con el medio periodístico, lo cual no sólo impide a los distintos editores realizar su quehacer correspondiente, sino que mantiene desinformada a la comunidad. Casos visibles son Chalco, Valle de Chalco, Los Reyes, La Paz, Chimalhuacán, Texcoco, Tlalmanalco, Amecameca y otros tantos más.
La única que cumple a cabalidad sus funciones y atiende debidamente a toda esta amplia gama de reporteros, editores, corresponsales, diaristas, etc., es la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de Nezahualcóyotl -a cargo de Luciano Percastre Martínez-, la cual cuenta con todos los elementos y Logística para mantener informada a la ciudadanía local, al tiempo que está ampliando sus instalaciones a fin de poder brindar un cada vez mejor servicio a los medios de comunicación.
En primer lugar, la Dirección regional de Comunicación Social del Gobierno del Estado, a cargo actualmente de Gustavo del Río García, debe su existencia a la petición, gestiones y perseverancia de reporteros y editores de esta zona desde el siglo pasado, y fue hasta desde el mandato del ex gobernador Emilio Chuayffet hasta el de Arturo Montiel cuando editores y corresponsales fueron atendidos ahí.
Al entrar Enrique Peña Nieto dejaron de acudir, ya que las conferencias con funcionarios del gobierno estatal se dejaron de realizar, al tiempo que los equipos computacionales eran insuficientes y obsoletos, mientras que los que había estaban apartados sólo para unos cuantos, amén de que al responsable le retiraron la facultad para autorizar las partidas publicitarias correspondientes, y la información que se generaba en la Coordinadora de Comunicación Social del Gobierno de la entidad se comenzó a enviar de manera directa desde allá vía correo electrónico a todos los comunicadores. Dado lo anterior, los editores se vieron en la necesidad -hasta la fecha-, de trasladarse hasta la Ciudad de Toluca a tramitar y resolver situaciones que antes se ventilaban aquí.
Otra de las funciones de esta delegación era llevar a los comunicadores de la región hasta Sultepec los días 11 de abril de cada año a la celebración del aniversario del “Ilustrador Nacional”, lo cual sólo se hizo hasta el primero o segundo año del ejercicio del gobernador Enrique Peña, porque después -por temor a que dichos editores pudieran descubrir estas irregularidades ante el mandatario-, descarada y discriminatoriamente se dejó de invitar al gremio del oriente a tan importante actividad. La intención en este caso era preguntarle por qué estar manteniendo una oficina en estas condiciones, donde en realidad se gastan varias decenas de miles de pesos tanto en pago de renta, sueldos, papelería, viáticos, servicios y gastos menores que prácticamente se tiran cada mes a la basura.
Otro “elefante blanco” es la oficina regional de Comunicación Social de la Cámara de Diputados local, la que al principio tenía pegados los sellos del PRD y fue hasta semanas o meses después cuando le colocaron las calcomanías con el sello oficial de la Legislatura. Sin embargo, al igual que la anterior, su titular, Juan Ulises Hernández Jiménez, mantiene una extensa oficina con secretarias, fotógrafos, camarógrafos, redactores y diversas máquinas de computación, lo cual, junto con el pago de renta, servicios y gastos propios genera un costo que no se considera menor a su similar del Gobierno del Estado.
Aquí se da además un fenómeno curioso, el director, a pesar de ser funcionario público la hace de “juez y parte”, ya que sigue escribiendo artículos y columnas, opinando y haciendo señalamientos en medios de comunicación presuntamente pagados por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), y en los que se denosta a gobiernos priistas, principalmente de esta región oriente. A más de lo anterior, el susodicho sólo invita a las conferencias de Prensa a un pequeño grupo de reporteros incondicionales, al grado que ha habido reuniones en los que acuden más diputados que comunicadores, esto, dicho por el propio diputado Francisco Osorno Soberón, titular de la Comisión de Comunicación Social de este Congreso.
Ni qué decir de la partida presupuestal asignada a esta zona oriente -que dicho sea de paso es la más pobre y marginada de la entidad-, la cual ha brillado por su ausencia, pese a que versiones toluquenses señalan que fue creada precisamente para distribuirse entre los medios regionales de esta zona, los que sobreviven más por la necesidad de información de la sociedad, que por tener acceso al apoyo o a la publicidad oficial.
Sería sano que tanto el titular de esta importante oficina en la Cámara de Diputados, el Lic. Ricardo Joya, como su homólogo en el gobierno estatal, Raúl Vargas Herrera, tomaran cartas en este asunto, y en vez de mantener estos “elefantes blancos”, el presupuesto pudiera asignarse –como sería lo lógico-, a la difusión real de las actividades de ambos Poderes, y nos atreveríamos a precisar, que hasta sobrarían recursos.
Existe el interés y la posibilidad de que los editores no atendidos de esta zona (que son todos o la gran mayoría), envíen correos o acudan hasta la Ciudad de Toluca para hacer del conocimiento de ambos funcionarios la serie de irregularidades en las que se mantienen estas delegaciones y, si no hay solución al respecto, proponer su desaparición, antes que sigan perdiéndose decenas de miles de pesos en su infructuosa manutención.
