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Diputados vinculan las leyes de Delincuencia Organizada y la de Trata de Personas
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Entre 2007 y 2012, condenados sólo 35 de 297 detenidos por este delito
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Cada año genera este ilícito más de 32 mil millones de dólares a nivel mundial
La Cámara de Diputados aprobó, con modificaciones, la minuta para sancionar como miembros de la delincuencia organizada a quienes cometan delitos de trata de personas, y para que esta infracción sea investigada, perseguida, procesada y sancionada por las autoridades judiciales federales.
Con la unanimidad de 393 votos, el Pleno modificó los artículos 2, fracción VI, y 3, segundo párrafo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, toda vez que esta figura delictiva ha extendido sus actividades a la comisión de otros ilícitos de muy variada naturaleza, y la trata de personas es precisamente la que registra mayor actividad.
Se busca vincular las leyes de Delincuencia Organizada y la General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, a fin de evitar la impunidad que genere el hecho de que esa transgresión no sea debidamente considerada como un tipo penal, que debe atenerse a la reglamentación referida a la delincuencia organizada.
Por ello, se sanciona como miembros de la delincuencia organizada a quienes por acción u omisión dolosa de una o varias personas capten, enganchen, transporten, retengan, entreguen, reciban o alojen a una o varias personas con fines de explotación.
También a quienes tengan o mantengan a otra persona en una situación de esclavitud o condición de siervo; se beneficie de la explotación de una o más personas a través de la prostitución, la pornografía, las exhibiciones públicas o privadas de orden sexual, el turismo sexual o cualquier otra actividad sexual remunerada.
De igual modo, si somete a una persona o se beneficia de someterla para que realice actos pornográficos, o produzca o se beneficie de la elaboración y comercialización de material pornográfico; contrate a una persona u oferte un trabajo distinto a los servicios sexuales y la induzca a realizarlos, bajo engaño.
Asimismo, a quien explote laboralmente a una o más personas, las haga realizar trabajos forzados o de mendicidad; la o las obligue a contraer matrimonio con el fin de prostituirlas o someterlas a esclavitud, y realice explotación sexual aprovechándose de la relación matrimonial o concubinato.
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia, diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (PRI), resaltó que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, son explotados sexualmente entre 16 mil y 20 niños y niñas en el país.
De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el entorno de violencia y el impacto social han incidido en un preocupante incremento del delito, junto con el entorno de violencia en el que la delincuencia organizada ha propiciado la trata de personas, en particular de niñas, niños y adolescentes, dijo.
Mencionó que según un estudio de las Naciones Unidas, México presenta una de las mayores estadísticas de violencia en contra de menores, además de ser el segundo país con más víctimas en este sentido, solamente por debajo de Tailandia, y como proveedores de los Estados Unidos.
Pacheco Rodríguez resaltó que aquellas personas que regularmente padecen actos reiterados de agresión física o psicológica caen en un estado de depresión, pérdida de autoestima o situaciones de vulnerabilidad que las colocan en mayores posibilidades de convertirse en víctimas de abuso, maltrato, tratos crueles o degradantes o bien sujetas a la trata de personas, en particular cuando es una niña, niño o adolescente.
Afirmó que la trata de personas se da en un clima social de violencia, abuso, maltrato y discriminación; por ello, la necesidad de vincular ambas normas jurídicas para que se genere un espacio en el que no quepa la impunidad en este delito.
En los posicionamientos, el diputado Fernando Bribiesca Sahagún (Nueva Alianza) manifestó que el ilícito constituye una terrible práctica que afecta a millones de personas en todo el mundo y sus principales víctimas son las mujeres y los niños, por lo que, con esta reforma, las personas que cometan este delito de forma permanente y reiterada serán consideradas como delincuentes organizados ante las autoridades judiciales federales.
Representa, dijo, un significativo avance en el combate contra este lesivo delito, pues en el 2012, de acuerdo con la Organización Internacional de Trabajo, 20.9 millones de personas fueron víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, y de las cuales 55 por ciento son mujeres y niñas y 45 por ciento hombres y niños.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf (PT) resaltó que la trata de personas es la moderna forma de esclavitud que atenta contra la dignidad de las personas, por lo que debe ser erradicada y perseguir judicialmente a las organizaciones delictivas que la practican.
“Este delito, por ser cometido por la delincuencia organizada, tiene que ser de competencia federal, con independencia del lugar donde se realice, en razón de los instrumentos internacionales y tratados de cooperación judicial para combatir este crimen de lesa humanidad”, añadió.
De Movimiento Ciudadano, la diputada Zuleyma Huidobro González, indicó que México es un foco rojo a nivel internacional, pues por su posición geográfica lo convierte en un país de tránsito de víctimas de trata de personas y, al mismo tiempo, un distribuidor en potencial de niñas, niños y adolescentes, y mujeres, a otros países, para ser sujetos de la trata, con fines de explotación sexual, laboral o para el tráfico de órganos, tejidos y sus componentes.
Las reformas, subrayó, especifican que los delitos de trata de personas serán considerados como delincuencia organizada, y por tanto, correspondería a la Procuraduría General de la República la investigación y persecución de estas agresiones, ya que de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se ha identificado a 21 entidades federativas con actividad de trata de personas.
El diputado Antonio Cuéllar Steffan (PVEM) subrayó que entre 2007 y 2012, de 297 detenidos por la comisión de este delito, solamente 35 fueron condenados, por lo que reprobó enérgicamente la trata de personas en todas sus vertientes. Dijo que la mejor manera de combatir la delincuencia y la inseguridad es por medio de la correcta y escrupulosa aplicación de la Constitución y del derecho.
Argumentó que estas reformas representan una respuesta a los compromisos del país en materia internacional, “porque la trata de personas es un delito que afecta al orbe entero. No podemos permitir que los niños sigan siendo sujetos del tráfico de órganos y tenemos que dar instrumentos que sean eficientes”.
Por el PRD, el diputado Alejandro Carbajal González consideró que la trata de personas es un “lastre” que está arrastrando a todo el país y al mundo, y es uno de esos terribles negocios que generan anualmente más de 32 mil millones de dólares; después del tráfico de drogas y el de armas, es la tercera fuente de ingresos ilegal a nivel mundial.
Aseguró que es necesario tener una legislación acorde y sin lagunas. “Es fundamental que las autoridades correspondientes, específicamente, la Procuraduría General de la República actúe al respecto, ya que la trata de personas es la nueva forma de esclavitud”, indicó.
El diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño (PAN) expresó que con la reforma se pretende que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, a través de la Coordinación General para la Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Trata de Personas, cuente con plenas facultades para la investigación y persecución de estos delitos.
Sostuvo que con este dictamen se permitirá a la autoridad actuar en un marco de legalidad con facultades plenamente definidas y enmarcadas en la legislación. “La reforma representará un beneficio para todos los mexicanos, evitando que los criminales puedan volver a las calles por vicios en sus procedimientos”.
A su vez, el diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (PRI) indicó que la trata de personas, vía delincuencia organizada, es impune en el país. “No es exagerada esta afirmación, pues hay un error de técnica legislativa: en la Ley de Delincuencia Organizada no hay una correlación con la Trata de Personas”.
Se pronunció para que a partir del próximo 1 de enero, la trata de personas vía delincuencia organizada, sea efectivamente sancionada y “nos dejemos de excusas, y realmente actuemos en beneficio de la comunidad. Estamos corrigiendo la impunidad de este ilícito”, dijo.
En pro del dictamen, el diputado Fernando Belaunzarán Méndez (PRD) resaltó que la trata de personas es de las cosas más “abominables” que hay, porque atentan contra la libertad y dignidad de las personas, y también coincidió en que este delito queda impune en México.
Fue devuelto al Senado para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.
