Respaldo absoluto a la construcción del distribuidor vial Ixtapaluca-Chalco

*Sectores productivos y sociales se sumarán a las tareas de la diputada federal Maricela Serrano para impedir maniobras electoreras de la SCT

Ixtapaluca Mex.-  Los sectores sociales, productivos y de servicios de Ixtapaluca, ofrecieron su respaldo absoluto a las tareas emprendidas por la diputada federal priista, Maricela Serrano Hernández, a fin de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) levante la suspensión a la construcción del distribuidor vial Ixtapaluca-Chalco, proyectado para agilizar el tránsito vehicular en las inmediaciones de la caseta de cobro de la autopista México-Puebla.

Transportistas, el magisterio regional, prestadores de servicios, la alcaldía, industriales y representaciones vecinales se sumaron al reproche al gobierno federal por haber cancelado la obra que hace 14 meses gestionó la comunidad por medio de la legisladora del PRI, y que ante el inminente inicio de la obra la dependencia federal anunció su suspensión.

La legisladora sostuvo ayer una prolongada reunión informativa con las fuerzas representativas de Ixtapaluca, luego de lo cual se establecieron estrategias a fin de impedir una nueva “embolia” a la zona oriente del Estado de México y que significaría “tirar a la basura el esfuerzo de la ciudadanía y su representación legislativa” que gestionaron el distribuidor vial.

MANIOBRAS OFICIALES

A principios del año 2010, unos 70 mil ciudadanos formalizaron la petición para encontrar alternativas de comunicación terrestre ágil, que se agregarían a la autopista y a la carretera federal hacia Puebla, utilizadas diariamente por más de un millón y medio de habitantes de los municipios de Ixtapaluca, Chalco, Valle de Chalco y Amecameca, entre otros.

A partir de entonces, el anteproyecto del distribuidor preveía una inversión de 165 millones de pesos; un año después, y ya cumplidos los trámites de impacto ambiental, entre otros, el costo aumentó a 195 millones de pesos que el Gobierno del Estado de México aportaría.

Licitada la obra y a unos días de su inminente comienzo, la SCT anunció verbalmente su oposición bajo el pretexto de que involucraba jurisdicción federal, argumentos que son considerados amañados y de “ambición electorera” por parte del Partido Acción Nacional ante la cercanía de los comicios en el Estado de México, con lo cual, el gobierno federal pretende desacreditar al PRI y al Movimiento Antorchista, del que la diputada Serrano Hernández es dirigente en esta entidad.

Las secretarías mexiquenses de Comunicaciones y de Gobierno han manifestado su decisión de comenzar los trabajos en caso de que la SCT no les notifique oficialmente la suspensión del proyecto. A esto, la diputada Serrano Hernández dijo que Comunicaciones y Transportes se niega de manera sistemática a informar cuándo comenzará la obra del distribuidor vial con sus recursos, “lo que se traduce en un bloqueo vil con fines electoreros”.

En la sesión de trabajo, realizada en el fraccionamiento Acozac de este municipio, representantes sociales y productivos, coincidieron en responsabilizar al Gobierno de la República de llevar a cabo un sabotaje similar,  al no abrir las compuertas del sistema de desalojo de aguas residuales en la zona oriente, lo que causó hace dos semanas la saturación y rompimiento del canal La Compañía, que inundó amplios sectores habitados.

“La intención fue la misma: atribuirle al Gobierno del Estado y al PRI el origen del problema y denigrarlos ante la comunidad para acaparar los votos de eventuales inconformes”, explicó Serrano Hernández.

Las representaciones vecinales, magisteriales, industriales y de servicios, e incluso del propio alcalde Humberto Navarro, anunciaron que participarán en brigadas de información masiva sobre la conducta del gobierno federal; asimismo, miles de firmas formalizarán la petición por escrito al gobierno de Felipe Calderón para agilizar la construcción del distribuidor.

Ante una reiterada negativa, el antorchismo y la legisladora propusieron como último recurso efectuar un mitin y plantón ante la Secretaría de Gobernación, así como la colocación de anuncios “espectaculares” de denuncia y, “por primera vez”, una movilización popular en la misma caseta de cobro a fin de propiciar el “no pago” de la cuota de peaje a que están obligados los automovilistas para salir o regresar a sus casas.