El Estado de México cuenta con muchas deficiencias
que han prevalecido durante varios gobiernos al paso de los años, la
delincuencia, corrupción y falta de servicios públicos son algunos.
Actualmente el Estado de México ha sufrido aún más que otros años, pues la delincuencia ha ido en aumento sin ninguna respuesta del gobierno encabezado por Alfredo del Mazo.
No podemos olvidar la falta de justificación para el aumento del 20
por ciento del pasaje del transporte público mexiquense, que no es
seguro, tiene unidades en mal estado y ni hablar de la capacitación de
los operadores.
Con todo lo mencionado, queda claro que los mexiquenses no estan contentos con el gobierno estatal que los «respalda».
En ese sentido, según la encuesta de la consultora Mitofsky, Alfredo del Mazo, se consolida como el peor gobernador de todo el país.
Con tan solo un 14.5 puntos, el gobernador mexiquense esta en el
fondo de la tabla, ocupando el último lugar de los 32 gobernadores del
país.
De acuerdo con revisiones realizadas a la Cuenta Pública 2018 del Estado de México, llevadas a cabo por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se detectaron irregularidades por 1,800 millones de pesos.El gobierno de Alfredo del Mazo Maza, podría ser acusado por daños al erario público de
su entidad. Cuatro dependencias estatales y siete universidades han
sido señaladas por el máximo órgano contralor de la nación. Esto es adicional a otras irregularidades detectadas en las entidades durante el gobierno de Peña Nieto
Le llueve sobre mojado a Del Mazo
Las causas que enumera la ASF que son consideradas en perjuicio del patrimonio mexiquense son:
inobservancias de ley, falta de transparencia, no comprobación o
integración de recursos e intereses financieros, obras pagadas y no
ejecutadas o de calidad deficientes, falta de cobro de penas
convencionales a contratistas y contrataciones sin justificación alguna.
Adicional a los daños comprobables al erario, la ASF encontró que el gobierno de Del Mazo no ejerció 320.6 millones de pesos que debieron de haber sido utilizadosdurante
el primer trimestre de 2019 o de lo contrario se generarían impactos
negativos en las responsabilidades y objetivos del gobierno. La
Auditoría determinó que el gobierno «no realizó un ejercicio eficiente y
transparente de los recursos».
La Ley General de Responsabilidades Administrativas señala que elgobernador del Estado de México es el responsable de las irregularidades que
ocurran durante su mandato y tiene la obligación de garantizar que
existan las condiciones y normatividad adecuadas para el correcto
funcionamiento de la administración así como un actuar ético y
responsable de los funcionarios que la operan. De igual manera, la misma
ley indica que igualmente el gobernador será responsable de
encubrimiento si llegara a saber de faltas u omisiones administrativas y
opera para ocultarlas.
Estas acusaciones se dan en un momento en que Del Mazo es señalado por los medios por haber omitido durante su declaración patrimonial, una cuenta bancariacon más de 1.5 millones de euros en el principado de Andorra,
un paraíso fiscal que para el momento de la apertura de la cuenta
permitía el secreto bancario. El gobernador del Estado de México asegura
que la cuenta en el país europeo es legal y no incurre en una legalidad
por tenerla, sin embargo, no ha comprobado el origen de los recursos en
ella.
Irregularidades en Universidades del Edomex
La ASF indicó que siete universidades recibieron
aproximadamente 128 millones de pesos del Fondo de Aportaciones
Múltiples. Esto representa el 7.5% de todo lo invertido a través de este
fondo a nivel nacional por la Federación para la implementación de
asistencia social y obras de infraestructura educativa en los diversos
planteles.
Las auditorías hallaron que el 55% del dinero de este fondo fue pagado a los ejecutores del recurso a través de medios distintos al electrónico y a través de cuentas de banco no específicas para ejercitar recursos del FAM. Estas acciones derivaron en un inadecuado registro de las transacciones.
Las universidades e instituciones envueltas en las irregularidades son: Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM);
Universidad Estatal del Valle de Ecatepec (UNEVE); Universidad Estatal
del Valle de Toluca (UNEVT); Universidad Intercultural del Estado de
México (UIEM); Universidad Mexiquense del Bicentenario (UMB);
Universidad Politécnica de Atlautla (UPA) y la Universidad Tecnológica
de Zinacantepec (UTZIN). Asimismo, se suman órganos relacionados a la
educación como el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física
Educativa (IMIFE) y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM).
En los casos específicos de la UAEM y la UNEVT la ASF encontró inconsistencias en el reintegro de recursos por 7.7 millones de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE),
pues se devolvieron sin los intereses correspondientes que por ley se
deben de pagar. De igual manera en la UNEVE, UNEVT, UIEM, UMB, UPA y
UTZIN se encontraron irregularidades como ausencia de auxiliares
contables de los ingresos y archivos XML de las facturas; falta de
registros contables y presupuestales de cuentas bancarias; falta de
pólizas contables de los recursos recibidos por la Secretaría de
Finanzas del Estado de México, entre otras.
Como era de esperarse, también hubieron irregularidades en el manejo de recursos del FAM en la Secretaría de Finanzas y el DIFEM. En el caso del primero se transfirieron los recursos a los ejecutores con 60 días de retraso y 1.6 millones no fueron reintegrados, ni los intereses generados por las cuentas bancarias en las que fueron almacenados los recursos. El DIFEM por su parte, otorgó prórrogas indebidas de entre 64 y 76 días naturales a
contratistas después de las fechas establecidas en los contratos para
la compra de equipo de rehabilitación; así como inconsistencias en
modelo, marca y número de serie con lo facturado y registro; no hubieron
documentos acreditatorios del patrimonio, número de inventario y
resguardo para estos.
La ASF igualmente encontró en 15 obras de infraestructura realizadas con el FAM, que fueron entregadas para su realización a través de adjudicaciones directas «por excepción»; sin que hubiera alguna razón de por medio que justifique esta modalidad.
El estado supuestamente debe de garantizar las condiciones adecuadas
para la eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e
imparcialidad, pero no fue este el caso.
Un gobierno plagado de irregularidades
Entre los casos más recientes que se ha visto implicado el gobierno de Del Mazo adicionalmente a las irregularidades
en el FAS, son las del Fondo de Aportaciones para los Servicios de
Salud (FASSA) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas (FAFEF). Las irregularidades ascienden a los 10 mil millones de pesos en el caso del FASSA y los 6.2 mil millones en el caso del FAFEF. La
ASF estima daños por 563 millones 413 mil 147.71 pesos sumados en ambos
casos, es decir, el 4% de todos los recursos invertidos.
El caso más grave se encuentra en el FAFEF, dónde se detectó que se usó de forma indebida recursos que iban destinados al pago de nómina de personal del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) y para la compra de medicamentos por 183.6 millones y 41.8 millones respectivamente.
Asimismo, recientemente se reportaron irregularidades también en 2018, en el programa de Escuelas al Cien del gobierno anterior. La
ASF señala que estos recursos fueron ejercidos sin elementos
suficientes que puedan determinar la forma y pertinencia del gasto. El
recurso, que asciende a 836 millones 411 mil 900 pesos, muestra
inobservancias a la normativa en materia de fiscalización y rendición de
cuentas con daños a los recursos de la federación. Se detectaron inconsistencias en el IMIFE por hasta 4.4 millones de pesos.
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No podemos olvidar la falta de justificación para el aumento del 20
por ciento del pasaje del transporte público mexiquense, que no es
seguro, tiene unidades en mal estado y ni hablar de la capacitación de
los operadores.
