CONFRONTACIÓN POLÍTICA
Publicado: 31 julio, 2013 en columna
Por: Juan Carlos Rojas
EL PRI HA CONVERTIDO AL ESTADO DE MÉXICO EN TERRENO MINADO PARA LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LOS GOBERNADOS. Desde hace muchos años y en abierta y descarada violación a la libertad de tránsito consagrada en nuestra Carta Magna, se han establecido puestos de control, retenes policiacos para evitar que la población inconforme (o necesitada de respuesta a sus necesidades de urbanización, transporte, educación o salud), viaje masivamente a la capital de la entidad a manifestarse o para protestar por tanta ineficiencia, corrupción y estulticia de sus gobernantes. Ningún autobús que no sea de las rutas comerciales que prestan servicio ordinariamente de la ciudad de México a Toluca, puede pasar sin ser revisado minuciosamente y reportado ante los mandos policiacos. Estos a su vez se enlazan de inmediato con los mandos políticos que, desde el palacio de gobierno, determinan si se les deja pasar o no. Hace 40 años el retén estaba frente a la caseta de cobro del “Desierto de los Leones”, ahora los padecemos en “La Marquesa” o en Lerma.
LA PLUTOCRACIA MEXIQUENSE NO HA DEJADO PASAR NI EL AIRE, PARA ESO SE FORMÓ HACE VARIAS DÉCADAS EL GRUPO ATLACOMULCO, mafia política conformada por el entonces gobernador Isidro Favela. Su desaparición se formalizó con la muerte del profesor Carlos Hank González, que por las malas artes de la corrupción galopante en la entidad, pasó de modesto pobresor a ser un acaudalado millonario (“un político pobre es un pobre político”, diría). Con “arturo” Montiel se supo de la existencia del Grupo Toluca, que logró a golpe de “billetazos” la entronización de su sobrino, el pirrurris copetón Enrique Peña Nieto como gobernador, para luego llevarlo a la presidencia de la República mediante el mismo método de despilfarro monumental y corrupción político-electoral, con el apoyo descarado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, como ya todo el mundo lo sabe.
LA “JUGADA” HUBIERA SALIDO PERFECTA DE NO SER POR QUE NO PUDIERON IMPONER A OTRO JUNIOR, A ALFREDO DEL MAZO MAZA, en la gubernatura del Estado. Tuvieron que dejarle el puesto a un político del Valle de México, al dos veces alcalde de Ecatepec de Morelos, el doctor en Derecho Eruviel Ávila Villegas, que había filtrado a los medios la peregrina idea de que si no era elegido candidato por el PRI, buscaría formar una coalición opositora con el PAN y el PRD a la cabeza. Ahora se sabe que Eruviel contó con el apoyo de la maestra Elba Esther Gordillo Morales, ex dirigente nacional del SNTE, y que gastó, con financiamientos privados y manipulación de programas públicos en su campaña, la exorbitante cantidad de 148 mil 343 millones de pesos. Y se mantiene disciplinado, calladito, sin resolver los problemas de la entidad a pesar de que ya lo están rebasando y amenazan con desbordarlo, mientras deja operar políticamente a Peña Nieto a quien, a través del Pacto por México, está impulsando su proyecto de desgobierno con las famosas “reformas estructurales” que tienden a seguir desmantelando al Estado mexicano, con la complicidad de los partidos políticos de supuesta oposición como el PRD, cascarón que dirigen los famosos “Chuchos”.
EL DERECHO A MANIFESTARSE O EXPRESAR LAS IDEAS POLÍTICAS, AUN SIENDO CONTRARIAS A LAS DE LAS AUTORIDADES, también consagrado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es violado flagrantemente por el Estado mexiquense desde la erección de la entidad gobernada por el PRI. Hace ya varios años, el gobierno ha instalado en la “Plaza de los Mártires” vallas tubulares metálicas para impedir que se realicen mítines o se instalen plantones o huelgas de hambre. Pero aun así, la necesidad de la gente la ha obligado a instalar sus protestas aunque sea a un costado del palacio de gobierno. El pasado 10 de junio de 2013, una marcha multitudinaria de maestros, estudiantes y amas de casa, aproximadamente cinco mil integrantes de lo que en ese momento se denominaba Frente de Organizaciones en Defensa de la Educación Pública, rompió ese cerco inconstitucional ante la mirada atónita de un centenar de policías que custodiaban las vallas metálicas y que no pudieron impedir que se realizara el mitin en la plaza principal donde una hora después se instaló un plantón por tiempo indefinido.
HAN SIDO LAS HUESTES DE ANTORCHA CAMPESINA Y DE LA UPREZ QUIENES HAN SIDO MÁS PERSISTENTES EN SUS PLANTONES, mismos que han durado meses sin que las autoridades se dignen a atenderlos para resolver los problemas que se les plantean. En ocasiones han desquiciado el tránsito no solamente en la Ciudad de Toluca, sino incluso en municipios de la zona conurbada y en las distintas carreteras o autopistas de cobro de la entidad, situación que molesta no solo a los funcionarios que no funcionan, sino también a la población que es manipulada a través de los medios masivos de comunicación para responsabilizarlos, cuando en realidad es el gobierno el que los obliga a manifestarse de la manera en que lo hacen, al no resolverles. La UPREZ, por ejemplo, está exigiendo que se haga justicia en el caso de la invasión de un predio de su propiedad denominado Lomas del Parque, en el municipio de Tultitlán, donde priístas armados hasta los dientes, lo han invadido y lesionado con machetes y a balazos a los habitantes uprecistas. ¿Tanto trabajo les cuesta encarcelarlos y desalojarlos? Parece que es más fácil reprimir a los que protestan mientras dejan impunes a los delincuentes. Y así lo hicieron con el dirigente de la UPREZ, el profesor Felipe Rodríguez Aguirre y su hijo Jesús, quienes siguen bajo proceso por “pandillerismo” y ataque a las vías de comunicación.
MÁS AÚN, EL TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS (TPP) HIZO UN LLAMADO A LA SOLIDARIDAD DE TODAS LAS FUERZAS POLÍTICAS DEL PAÍS para exigir que “cesen las órdenes de aprehensión contra Erik Ramos Olivares, Mónica Martínez Calvo del Frente Educativo Popular Revolucionar (FEPR), Pedro Hernández Escobar de la Universidad del Pueblo Trabajador de Nezahualcóyotl (UPTN), y de Adriana Gaytán Ruíz, del Colectivo Misael Núñez Acosta (CMNA), sobre quienes pesa ahora una monstruosa acusación penal por haber ocupado la Plaza de Los Mártires, junto con la FEDEF-25 el pasado 10 de julio, para instalarse en plantón en demanda de solución a una larga lista de problemas educativos, entre los que se encuentra el reconocimiento de planteles, construcción de aulas, material didáctico, nombramientos de maestros, y un muy largo etcétera. La acusación contra los integrantes de la Coordinadora Popular Mexiquense, corrió por cuenta de las autoridades priístas del Ayuntamiento de Toluca, encabezadas por Martha Hilda González Calderón, quienes ahora le están haciendo el trabajo sucio al gobernador mexiquense Eruviel Ávila Villegas.
DICEN LOS INTEGRANTES DE LA COORDINADORA POPULAR MEXIQUENSE que “nos establecimos en plantón en la plaza de los mártires en la ciudad de Toluca para exigir el reconocimiento oficial a las instituciones educativas que hemos creado como una opción de educación pública y popular en zonas de alta y muy alta marginación en el Estado de México”. Se quejaron de que entre las agresiones sufridas “se encuentra la Reforma al Código Penal del Estado de México, (que en su) artículo 148 criminaliza la apertura de escuelas públicas comunitarias sin reconocimiento oficial, con pena de prisión” y multa. “Así mismo –agregan-, desde el día 17 de julio, a las 12 horas, se inicio una huelga de hambre por parte de cuatro profesoras para exigir el cumplimiento de las demandas, mismas que ya habían sido presentadas con anterioridad a las autoridades estatales. Cabe señalar que hasta el día 19 el plantón se mantuvo como una forma de protesta pacífica y buscó un acercamiento con las autoridades del gobierno del estado, sin obstruir el libre tránsito de vehículos ni personas”.
PERO YA LA PERFIDIA DE LA REPRESIÓN, ADHEREZADA CON LA ESTULTICIA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE TOLUCA, se cernía sobre ellos. Dicen los denunciantes que “Sin embargo, durante esos días se presentaron autoridades de la presidencia municipal con amenazas verbales de desalojo manteniendo en las inmediaciones del campamento a la policía estatal como acto intimidatorio. El día 18 de julio de 2013, aproximadamente a las 11:30 hrs, se presentaron funcionarios de ayuntamiento, entre ellos el secretario Braulio Antonio Álvarez Castro, intimidando a los profesores que resguardan el lugar donde se efectúan la huelga de hambre, señalando que procederían penalmente en su contra por el delito de estorbo de aprovechamiento de bienes de uso común. El día 19 de julio se mantuvo el dialogo con el licenciado José Luis Bárcenas, jefe de asesores de la Subsecretaría General de Gobierno, con quien acordamos levantarnos dándonos audiencia con el Subsecretario de Educación Básica el licenciado Alejandro Neyra; sin embargo a las siete de la noche cuando se terminaba de levantar todo el campamento, llegaron de la Procuraduría General de Justicia del Estado a notificar que tendrían que presentarse al día siguiente cuatro compañeros en el penal de Almoloya de Juárez y, de no hacerlo, se liberarían ordenes de aprehensión contra los compañeros: Pedro Hernández Escobar, Adriana Gaytán Ruiz, Erik Ramos Olivares y Mónica Martínez Calvo.
“COMO ORGANIZACIONES QUE FORMAMOS LA COORDINADORA POPULAR MEXIQUENSE MANIFESTAMOS NUESTRA PREOCUPACIÓN ante estos hechos violatorios a nuestras garantías individuales en relación al derecho de petición y a la libertad de expresión y solicitamos: 1.Ponderar el dialogo frente al posible uso de la fuerza pública; así como la realización de una reunión de alto nivel con autoridades educativas y con el titular del Ejecutivo Estatal. 2.A los Organismos Públicos defensores de Derechos Humanos les solicitamos la presencia de un visitador para fungir como observador, y en su caso, intervenir en caso de violaciones a los Derechos fundamentales de los participantes de esta manifestación pacifica. 3. Evitar recurrir a la detención arbitraria y al uso de la fuerza pública con fines políticos y de criminalización y castigo contra quienes defienden la Educación Pública con contenido social, crítico y humanista” dicen en su comunicado, difundido por el Tribunal Permanente de los Pueblos.
“LA AGRESIÓN A PERIODISTAS Y A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN GENERAL SE CONVIERTE EN UNA CONSTANTE, no hay signos, no hay ideologías, no hay zonas geográficas; la agresión a los medios y a los trabajadores de los medios como ya dijimos es una constante”. Así se queja el dirigente del Sindicato Nacional de Redactores de Prensa (SNRP), en una carta abierta dirigida al presidente de la República. Comenta Leonardo Olivas que “Ahora es el caso de los compañeros de Loma Bonita, Oaxaca, que laboran en El Piñero de la Cuenca, el día 25 del presente mes fue en Puebla, el periódico digital e-consulta, en donde se llevaron equipo de trabajo de los directivos de esta empresa editorial”.
